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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS INVISIBLES

El autor advierte, con lucidez, que el “derecho a no ser contactado” de los pueblos indígenas no puede ser interpretado como una facultad que deba siempre tener un rango preferente, si se tuviese métodos para realizar, por ejemplo, procesos de consulta indirecta. En el caso peruano, de manera especial, dicho estatus no tendría por qué ser impedimento para que estos pueblos reciban la atención y protección del Estado.

El autor advierte, y haríamos bien en escucharlo, de la complicada tesitura de las comunidades nómadas transfronterizas de la Amazonía peruanobrasileña. Curiosamente, este estado de riesgo no radicaría precisamente en la ausencia de disposiciones legales, sino en su multiplicidad, que fomentaría la creciente discrecionalidad del Estado. Añadiría que estas dificultades también se incrementan por la falta de precisión de las normas contenidas en los instrumentos internacionales, lo cual también permite que la regulación que se efectúa a nivel interno sea tan dispar y contradictoria con otros ordenamientos jurídicos.
Carlos Ramos Núñez