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CONTROL DESCONTROLADO

25 de Junio de 2018

En la última década del siglo pasado asomó una institución que se ha ido difundiendo de manera indetenible: el Control de Convencionalidad. Sin embargo, su propagación no ha estado exenta de algunos vicios y vacíos. El notable entusiasmo con que se adoptó contrasta con su estudio superficial. Así, se ha llegado exageradamente a acuñar términos como “Estado Convencional de Derecho” o “Jurisdicción Convencional”, casi como un nuevo capítulo de la saga de “Estado Constitucional de Derecho” y “Jurisdicción Constitucional”. No es tan fácil ni tan simple. No solo porque en el primero es imposible homogeneizar los compromisos internacionales de Derechos Humanos en un “Estado” y, en el segundo, se da una connotación ordinaria a algo que debe ser excepcionalísimo, sino porque las reglas en el ámbito supranacional no están del todo definidas.
 
En efecto, el Perú es uno de los países más aplicados en el seguimiento y estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Empero, no suma a la seguridad jurídica nacional ni continental las discordancias que aún se mantienen en las relaciones jurisprudenciales de la Corte con la jurisdicción interna. Enumeremos. Primero, en todo su proceso de evolución el Control de Convencionalidad no ha determinado las reglas para que sus decisiones constituyan precedentes vinculantes absolutos para los Estados miembros. Una obligación tan grande y compleja no puede estar indefinida. Segundo, son insalvables las contradicciones entre lo que señala la CIDH y el Tribunal Constitucional peruano. Así, mientras en el caso Gelman vs. Uruguay la Corte señala que el Control de Convencionalidad difuso debe ser ejercido por todo órgano que tenga una cuota de poder, esto es, lo amplía a su máxima expresión, nuestro supremo intérprete de la Constitución en el precedente constitucional Consorcio Requena restringe el Control de Constitucionalidad difuso sólo a los órganos jurisdiccionales. De nuevo: el control difuso supranacional se extiende al infinito, mientras que el control difuso nacional se acorta a su más minúscula versión. Y, por último, las propias discordancias de la CIDH en sus decisiones. El ejemplo más nítido y reciente lo constituye su última resolución sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori en que el Perú plantea la excepción procesal de falta de agotamiento de recursos internos y la Corte señala que no corresponde, pues su intervención está dentro de la ejecución de la sentencia de los casos “Barrios Altos y La Cantuta”, para luego resolver que en sede nacional se realice el Control de Constitucionalidad de la decisión presidencial. Insólito.
 
El Control de Convencionalidad aún está desorbitado. Un control tan importante requiere mayor seriedad en su tratamiento.

Publicado en el diario Expreso el martes 19 de junio de 2018.