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¿CUARTO PODER O INJUSTICIA MEDIÁTICA?

17 de Octubre de 2017

Luigi Ferrajoli, notable jusfilósofo italiano, titula a una de sus últimas obras “Poderes salvajes”, utilizando la terminología aristotélica, para designar a aquellos poderes que no están regulados constitucionalmente pero que existen y ejercen su influencia todos los días. A diferencia de los clásicos y bicentenarios poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, cuyas competencias, prerrogativas y controles están regulados de manera expresa en la normatividad, hay otros tres “poderes” que existen de manera paralela: el político, económico y el mediático. Estos últimos no son visibles, ni reglados y, por lo tanto, tampoco limitados. Muchas veces articulan de manera conjunta y con diferente peso específico, según las circunstancias.
De estos poderes indeterminados, el que se hace patente para el ciudadano promedio es el mediático. No en vano, desde hace algunas décadas ha sido denominado el “cuarto poder”. Es el que con mayor incidencia puede  orillar la opinión pública. Esto se hace patente en el ámbito judicial. En efecto, la esencia de la justicia es opuesta a lo emocional y subjetivo de lo político. Los que decidimos en procedimientos administrativos o procesos judiciales no podemos guiarnos por nuestras emociones o subjetividades. Tampoco por el sentir popular. El Derecho ha creado para ello un límite claro: el derecho fundamental al debido proceso y, con ello, la interdicción de la arbitrariedad del juzgador. Es el muro de contención para el injusto “porque me parece” o “es que no me gusta”. Los poderes salvajes, al ser ilimitados, atraviesan el muro de los derechos fundamentales aprovechando que son incorpóreos, invisibles. Entonces, muchas veces, con marcados intereses económicos y políticos, prohíjan la “justicia pilática”. Aquella que pregunta a la muchedumbre: “¿A quién libero: a Barrabás o a Jesús?”. Y, sin mayor técnica, objetividad o conocimiento jurídico, elaboran una sentencia paralela. Si la decisión final de los actores del Sistema de Justicia no coincide con la de ellos, entonces se “cuestiona” para siempre a los magistrados. Igualmente, provocan un daño colateral: lesiona honras y trayectorias de quienes han cometido el pecado mortal de estar en el entorno profesional del funcionario de la justicia.
El periodismo tiene una doble y noble responsabilidad: ser el vehículo de información entre los ciudadanos y autoridades y, además, fiscalizar la función pública. La misma se ubica en los antípodas de esa grandeza, cuando se vulnera el derecho de réplica y la presunción de licitud e inocencia. Este actuar irresponsable erosiona la institucionalidad y envenena con la cicuta de la injusticia a nuestra sociedad.