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CNM Y REDUCCIÓN DE LA PROVISIONALIDAD

06 de Diciembre de 2016

La provisionalidad de jueces y fiscales es percibida como una de las principales causas de la crisis del sistema de justicia. El ciudadano  advierte que el magistrado titular tiene más responsabilidad y ofrece una mayor garantía de un actuar conforme a ley. Y, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le cupe aquí un gran compromiso con respecto a su función constitucional de seleccionarlos y nombrarlos.
El lustro pasado este órgano constitucional autónomo apostó por una política agresiva de reducción de la provisionalidad. Abonó a esta intención la modalidad de nombramiento de candidatos en reserva. Estos últimos son aquellos postulantes que habiendo aprobado las tres etapas de exámenes no alcanzaron a ser nombrados en la(s)  vacante(s) concursada(s), pero que durante un año quedan expectantes de la posibilidad de una vacante que se habilite y, así, alcanzar su designación. Se logró un nombramiento masivo.
Este nuevo pleno del CNM (Desde la última parte del 2015 en adelante) advirtió que a pesar del esfuerzo descrito, la insatisfacción ciudadana continuaba. Descubrió dos fenómenos: 1. Profesionales que habían postulado a un determinado distrito judicial o fiscal terminaban siendo nombrados, por la modalidad de reserva, en otro que nada tenía de similitud respecto a idiosincrasia, geografía o incidencia delictiva con el que habían apostado originariamente; 2. Esto originaba un desarraigo y falta de identificación de muchos magistrados que   recurrían, a veces de manera injustificada, a la figura del traslado para regresar a su lugar de origen.
Con esta postal descrita, el CNM tomó las siguientes medidas inmediatas. Primero, los exámenes escritos responden a la especialidad de la plaza concursada. Con preguntas que parten de una casuística expuesta y de la cual se desprenden preguntas analíticas y aplicativas. Segundo, la evaluación curricular sería por la experiencia en la labor que desempeña el postulante (magistrado, abogado o docente) al momento de su presentación, jubilando la “cartonitis”.
Las especializaciones y estudios se debían reflejar en el examen de conocimientos; tercero, en las zonas donde la mayoría de la población no hable el español, sólo se nombra a un juez que domine la lengua mayoritaria. Por último, el nombramiento en reserva sólo se hace cuando la vacante tiene idéntica especialidad e igual ubicación geográfica. Resultado: las recientes entrevistas a postulantes de un nivel superlativo y el nombramiento de 57 jueces de 24 distritos judiciales y, de ellos, cuatro quechua hablantes. Una reducción de la provisionalidad, en cantidad y en calidad.