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PROCESO Y REPÚBLICA

29 de Noviembre de 2016

El notable procesalista Adolfo Alvarado Velloso sentenció en su última presentación en el Perú: “Debemos buscar que el proceso sea esencialmente republicano. La república es más importante que la democracia. Mientras la democracia es el origen del poder, la república es el límite al poder”. Genial frase del maestro rosarino que resume la esencia del Derecho procesal: ser la última garantía del ciudadano para alcanzar la paz social.
En nuestro país se da una paradójica situación. Tenemos una hiperinflación normativa y al mismo tiempo una inconformidad permanente con nuestra legislación. A poco más de una década de la entrada en vigencia del Código Procesal penal y a más de un lustro del inicio de la Ley Procesal del trabajo, ya se encuentran en la etapa de los preliminares antes de ingresar a la sala de operaciones el Código Procesal constitucional y el Código Procesal civil. Todo asistemáticamente y sin responder a una filosofía procesal unívoca.
Por ello, estamos cerca de repetir la misma virtud y el mismo defecto de siempre. La virtud es advertir aquellas grietas normativas y el afán por la adecuación de los códigos a las transformaciones socioeconómicas. El defecto es la omisión consuetudinaria de que estas transformaciones se hagan sobre un basamento que hace a la esencia de nuestra naturaleza republicana: el límite al poder y la garantía ciudadana de un proceso debido.
En efecto, el enemigo común que encuentran justiciables y jueces es el mismo: la enorme carga de expedientes y su crecimiento exponencial e indetenible. Con este punto de partida, se pergeña un proceso eficiente y pronto. La solución –aunque nunca ha dado resultados mínimos e insistimos tozudamente en ella– es siempre la misma: la reducción de plazos, la disminución de defensas y la eliminación de recursos.
Esto es, se apuesta por quitarle a las partes las armas de actuación para enfrentar el conflicto y, al mismo tiempo, se robustece al juez en sus facultades justamente porque el punto de partida es un accionar dilatorio, disvalioso y temerario de las partes.
Si a esto se acompañan políticas jurisdiccionales que premian en el magistrado el alcanzar metas cuantitativas y que nada dicen de lo cualitativo, hacemos un combo que deforma la esencia del proceso. Y caemos en el gatopardismo de la obra de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Busquemos un nuevo casillero al movimiento del rey del ajedrez procesal, hasta ahora siempre cae en jaque.