Artículos

Inicio / Archivo de Artículos / EL GARANTISMO PROCESAL

EL GARANTISMO PROCESAL

08 de Noviembre de 2016

El proceso judicial es el mecanismo creado por el Derecho como última alternativa para solucionar un conflicto de intereses. Y, por ende, la más importante garantía que tiene una persona para la defensa de sus derechos y libertades. Por ello, la trascendencia que tienen los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso que son inherentes e indispensables en todo juicio. Ambos son derechos “continentes” que, a su vez, envuelven una serie de derechos fundamentales que hacen a la esencia y sentido del proceso. Sin embargo, como es común en el Derecho, las instituciones son vistas con diferentes prismas, no siempre adecuados.

En este escenario, el garantismo propugna un proceso con irrestricto respeto de la Constitución. Esto que puede parecer una verdad de Perogrullo, no lo es. Ante una realidad que presiona porque se logre finalizar los millones de procesos en marcha y se disminuya la altura de las penosas pilas de expedientes en los juzgados, se ha instalado a nivel legislativo, doctrinario y jurisprudencial, la idea de que el baricentro del proceso es la eficiencia. Se le conoce como eficientismo judicial.

Todos queremos un proceso eficiente y eficaz. Pero no es el punto sobre el que debe girar un proceso debido. Hay sólidas y centenarias columnas de principios como la imparcialidad del juzgador, la igualdad de armas o la presunción de inocencia que son banderas que se enarbolan en los libros y en los discursos, pero que parecen ocultarse en la práctica.

El juez nunca va a tener un papel pasivo en un proceso. Nunca. Es el que va a expedir la más importante resolución que exista en un juicio: la sentencia. Pero el debate es única y exclusivamente de las partes. Cualquier atisbo o señal de intervención de la autoridad para nivelar una asimetría de las partes en el juicio es una forma de paternalismo jurídico. Justificado cuando se busca proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos, pero inaceptable en esta sede donde el Estado propugna y garantiza la defensa en juicio.

No es coherente que el Estado realice el papel de un padre para con su hijo con un profesional del Derecho. Exijamos más a cada uno de los actores del drama judicial: al abogado defensor más preparación y especialización, al fiscal una acusación sólida y requerimientos debidamente sustentados y al juez una dedicación e imparcialidad infranqueables. Hagamos lo que nos señala la Constitución.