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LA NECESARIA REDUNDANCIA EN EL ÁMBITO PROCESAL

11 de Octubre de 2016

En tiempos de oralidad, es cada vez más común el reparo que se tiene en el lenguaje jurídico. Siempre es una buena noticia la búsqueda de mejorar nuestro vehículo de comunicación profesional. No es sano seguir usando términos como “reo libre” (como diría el genial René Ríos “Pepo”: ¡Plop!) o “inconducta funcional” (simplemente, no existe la palabra inconducta). A veces, la propia legislación es la que conspira contra un lenguaje jurídico unívoco y correcto: “medidas cautelares temporales sobre el fondo” puede ser un buen ejemplo. ¿Puede una medida cautelar ser atemporal y sobre la forma? En fin. Podríamos extendernos con varias entregas en el lenguaje jurídico equívoco.
Lo cierto es que en el ámbito procesal encontramos algunas redundancias que no califican como un error en la comunicación forense: el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Coincidentemente, dos conceptos fundamentales y complementarios. En efecto, todo proceso se supone debido y el sentido del derecho a una tutela jurisdiccional se entiende que debe ser efectiva. Nadie resistiría a señalar que suena incoherente un “indebido proceso”. El proceso, sea judicial, arbitral o militar, se asume que es debido. Empero, desde el proceso a Jesucristo se tiene información de desvíos de la justicia. El adjetivarlo debido, entonces ya no califica como redundancia, sino como énfasis. Casi una necesidad. Como si operara un recordatorio de que el proceso al ser la última garantía de los ciudadanos para resolver sus conflictos y que no debe tener margen de error.
Por muchas décadas el concepto de tutela jurisdiccional estuvo asociado a que la demanda o cualquier otra forma de petición sea recibida. Con ser atendida, nos contentábamos. De ahí, que la resolución final demore, era otro tema. El tener la paciencia de vendedor de enciclopedias para esperar la sentencia, se asumía con dolor y resignación. Lo que no estaba en el presupuesto era la demora en la ejecución de la sentencia. ¿De qué servía tener una sentencia favorable si en la práctica no se ejecutaba? De ahí, la necesidad de adjetivarla como efectiva para llamar la atención de la necesidad de la pronta ejecución de la sentencia. Sino sería insulso el ganar el proceso.
Es insólito que lo que normalmente sería un pleonasmo, se convierte en el núcleo del término. Las categorías “proceso” y “tutela jurisdiccional” a secas, suenan quiméricos. Es necesario adjetivarlos para que, a pesar de ese vicio, recién se sientan reales.