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DESAFÍOS CONSTITUCIONALES

23 de Agosto de 2016

Cuando en 1494 España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas y se repartieron las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico, nunca pensaron que esa línea imaginaria que trazaban a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, sería una muralla infranqueable entre las futuras naciones que allí crecerían. Los países del occidente de Sudamérica quedaron pegados por las espaldas y la extensa Amazonía con el gigante brasileño. Estando tan próximos geográficamente, hemos estado divorciados cultural y jurídicamente. Así, mientras se desarrollaban las Olimpiadas en la tierras de Paulo Coelho, en los cenáculos académicos del país se postulan los nuevos desafíos constitucionales. Los enunciaremos brevemente.

1) El viraje de un Derecho antropocentrista hacia otro ecocentrista. Esto es, el cambio de paradigma del hombre como gravicentro del Derecho, a un mundo sostenible como presupuesto para la existencia humana. El Derecho Ambiental ya no puede ser un extra en la película del mundo jurídico, se transforma en el protagonista excluyente. Incluida la posición, cada vez más ostensible, del Derecho de los animales.

2) El Derecho fundamental a no ser desinformado. No se trata de un derecho fundamental derivado. Mucho menos, nuevo.

Es el mismo bicentenario Derecho a la información, pero con un énfasis necesario. Casi indispensable. El enunciarlo en negativo, no es una figura literaria. Tiene la marcada intención de gritar la necesidad de imponer límites a la información tendenciosa, venenosa, casi siempre falsa. No es un fenómeno de nuestro subcontinente.

El inicio de esta cruzada se dio hace un lustro con la obra de Luigi Ferrajoli “Poderes salvajes” donde el filósofo italiano denuncia la crisis de la democracia constitucional a partir de los poderes paralelos y descontrolados que sobrevuelan el cielo de nuestros Estados de Derecho.

3) El colocar límites al decisionismo constitucional. En el país del carnaval y la caipiriña se han encendido las alarmas por el exceso del uso de la ponderación en el ámbito constitucional que ha traído dos consecuencias perversas producto de las decisiones de la jurisdicción especializada: la conversión del juez en legislador permanente y la jurisprudencia como medio para ordenar la ejecución de políticas públicas. Ambas sostenidas en la letanía de la defensa de los derechos fundamentales. 

Sería importante que en el Perú, en tiempos de reformas y cambios reclamados desde añares, no descuidemos los nuevos desafíos constitucionales que demandan una atención inmediata.