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¿PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD?

16 de Agosto de 2016

La entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional hace casi doce años, trajo dos cosas fundamentales al ordenamiento jurídico nacional: actualidad y organicidad al apasionante ámbito que regula. La anterior normatividad ya había caído en la obsolescencia y, con ella, la caducidad de las nomenclaturas propias de la vigésima centuria extinguida. La denominación de “procesos” en vez de “acciones” (que antes, a su vez, se habían denominado “recursos”) es el mejor ejemplo del perfeccionamiento de la terminología procesal que prohijaba la norma de 2004.

Empero, en la vorágine del movimiento del Derecho, se produce una permanente búsqueda de la optimización de las instituciones desde la forma hasta el fondo.  Así, ponemos sobre el debate la naturaleza procesal de la declaración de inconstitucionalidad.

En efecto, existen por lo menos cinco características del denominado proceso de inconstitucionalidad que no se condicen con los pilares de un proceso entendido, en estricto, como tal. Veamos: 1) Es un proceso que adolece de pluralidad de instancias. Es unistancial.  2) La legitimidad para obrar activa es restringida. Sólo pueden plantear la demanda los que señala el texto constitucional. 3) La legitimidad para obrar pasiva también es extraordinaria. Los demandados sólo podrán ser los órganos con capacidad legisferante de normas con rango de ley (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, gobiernos locales y regionales). 4) La pretensión se aleja por completo del punto de partida de todo proceso: el conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica. Se pretende la invalidez de una norma jurídica. Inclusive, puede ser una ley derogada en cuyo caso se busca extinguir sus efectos. 5) Por último, los efectos de la sentencia son muy propios de la naturaleza de este procedimiento constitucional. En efecto, mientras en un proceso ordinario la sentencia tiene efectos personales inter partes, en una inconstitucionalidad estos efectos son necesariamente erga omnes; además, por la previsión de consecuencias, los efectos en el tiempo pueden ser inclusive diferidos (sentencias exhortativas), produciéndose lo que se conoce como la vacatio sentenciae.

Se podrá argumentar que desde que el órgano jurisdiccional competente para conocer la inconstitucionalidad  es en exclusiva el Tribunal Constitucional, se trata de un proceso especial. Y en eso no disentimos. Podríamos sumar aquí también al proceso competencial. Lo que expresamos es que la denominación de “proceso” de inconstitucionalidad no responde a las exigencias de la Teoría General del Proceso. Es sólo un llamado de atención. No lo perdamos de vista.