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El Ministerio Público: Desafíos institucionales

17 de Mayo de 2016

Hace unos días el Ministerio Público cumplió siete lustros de existencia. Huelgan motivos para saludar este acontecimiento con una de las instituciones pilares del sistema de justicia del país. Sin embargo, los desafíos siempre serán mayores cuando más grandes sean las instituciones. Su regulación constitucional se encuentra en el Capítulo X del Título IV referido a la Estructura del Estado y en tres artículos (158°, 159° y 160°) se desglosa, de manera muy general, su conformación, funciones, competencias y su ámbito presupuestal.

Lo más importante se encuentra en las primeras palabras de su desarrollo constitucional: el Ministerio Público es autónomo. A esta declaración que constituye la principal garantía institucional le podemos añadir su equivalencia en derechos y obligaciones con respecto a un Poder del Estado: el Judicial. Creemos que en estos dos aspectos (uno funcional y otro administrativo) se ubican los retos de la fiscalía en el camino a sus cuarenta años de existencia.

En efecto, los órganos constitucionales autónomos deben tener la capacidad de autocontrolar y distribuir la cuota de poder que le es otorgada constitucionalmente. En el último año, el Consejo Nacional de la Magistratura ha realizado procedimientos disciplinarios contra dos exfiscales de la Nación, entre otras cosas, por remover de sus puestos a fiscales provinciales sin justificación alguna. Esto no debe continuar. Es desvirtuar la garantía de autonomía. Si el nombramiento de un fiscal, por muy provisional que sea, es fundamentado, la reconsideración de esa decisión debe ser justificada.

Además, es una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto, la suerte que corrieron los funcionarios fue distinta, esta práctica no debe continuar. Por otro lado, no se cumple con el efecto reflejo que debe tener con el Poder Judicial. Así, los presidentes de juntas de fiscales no se asemejan –ni por asomo- a los presidentes de cortes judiciales. El nombramiento de un fiscal en cualquier punto de nuestro mapa o la autorización de toda compra es realizada por el titular del MP. Es una organización muy vertical. Todos los cables pasan por las oficinas de la Av. Abancay. No se desarrollan redes que descongestionen la responsabilidad del principal funcionario de la entidad. Claro que no es responsabilidad ni del fiscal de la nación ni de ninguno de los fiscales del país. Ellos se deslizan sobre la superficie que existe. Es un imperativo nacional procurar que no resbalen.