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EL LENGUAJE JURÍDICO EN EL PERÚ

01 de Marzo de 2016

Guido Aguila Grados

 

Hay diversas opiniones acerca de la naturaleza científica del Derecho. Las más generosas la ubican como una auténtica ciencia social. Empero, una gran parte de la doctrina coincide en que está muy distante de serlo. Más allá de este importante debate, lo cierto es que una de las  características que es consustancial a cualquier disciplina que pretenda cientificidad, es su lenguaje. Esto es, que un término y nomenclatura defina o conceptúe una institución de la manera más clara, exacta y comprobable posible. Y esa es –a nuestro criterio- una tarea pendiente en el ámbito jurídico peruano. Un tema no menor, que proponemos trabajar. En efecto, lo que descubrimos desde los primeros cursos de Derecho es una terminología jurídica viciada lingüística y técnicamente. Son varias las razones las que producen esta realidad: a) El erróneo manejo del idioma que –lamentablemente- se ha convertido en moneda común, prohíja la crisis del lenguaje jurídico: “inconducta funcional”, en vez de “conducta disfuncional” debe ser el más común de los yerros. La palabra “inconducta” no existe en el DRAE. b) El desconocimiento de la teoría general del Derecho lleva a inexactitudes: el uso de derogar y abrogar como sinónimos, respecto de las normas en el tiempo es muy frecuente. El Derecho es una profesión que exige un lenguaje rigurosamente técnico. c) El desconocimiento de la teoría general del proceso conlleva a tautologías poco felices: recurso impugnatorio (todo recurso es un medio impugnatorio) o extensiones conceptuales inexactas:  “proceso disciplinario” cuando a nivel administrativo no hay “procesos” sino “procedimientos”, pues no son jurisdiccionales. d) El anquilosamiento de la nomenclatura de algunas instituciones se mantiene sin mayor razón: el romanísimo término de cosa juzgada es uno de ellos; sería más adecuado usar el término de “caso juzgado”. El uso de  “carta magna” como sinónimo de “Constitución”, es otro ejemplo. El célebre documento inglés poco o nada tiene que ver con el concepto de la norma fundamental. e) Términos inexactos que de tanto repetirse y pontificarse se consolidan en el error: “administrar justicia” como si la justicia fuera  materia administrable, es decir, labor del Ejecutivo; “el juez debe buscar la verdad” como si eso fuera posible. El juez debe buscar la paz social; f) la desconfianza histórica en algunas instituciones hace que al proceso que debe ser idóneo se le remarque “debido” (“debido proceso”) o a la tutela jurisdiccional se añada “efectiva”. A trabajar en esto.