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¿ES RENUNCIABLE EL CARGO DE CONGRESISTA? Siete preguntas y respuestas sobre el caso Marco Falconí.

18 de Octubre de 2014

La renuncia irrevocable al cargo de Congresista de la República de Marco Falconí Picardo ha dejado la pregunta del encabezado del artículo con respuestas tan numerosas como disímiles. Creemos que es la oportunidad de abrir un debate que nos esclarezca una situación que muchas veces pretende ser resuelta –a nuestro entender de manera errada- con el simplismo literal o emocional. Lo cierto es que no podemos quedarnos sólo con las respuestas extremistas y dogmáticas escuchadas hasta hoy. De una tribuna señalando: ¡Imposible! El texto del artículo 95° de la Constitución es de meridiana claridad! Y de la otra orilla quienes afirman: “Si la primera parte del artículo 93° de la misma Constitución sostiene que el congresista no está sujeto a mandato imperativo, entonces, puede renunciar. No avanzaríamos. Se neutraliza cualquier posibilidad de luces mayores en un tema no claro, más bien sensible y debatible. Por ello, proponemos otras siete preguntas entre técnicas, prácticas y de conveniencia en la búsqueda no de llegar a una única respuesta, pero sí de admirar el bosque antes que enceguecernos sólo con el árbol. Sin duda, el panorama será más claro. Comencemos con las técnicas que, en este caso, necesariamente, deben ser jurídicas.

1. Si el texto expreso de la Constitución señala la irrenunciabilidad del cargo de congresista, ¿La renuncia es viciada? Técnicamente, no. La Constitución no sólo es una norma superior sino, también, diferente a la noma legal. Mientras esta última es precisa, completa, plena y concreta, el texto constitucional, por su esencia y naturaleza, es impreciso, incompleto, abierto y declarativo. Por ello, las interpretaciones  (a favor y en contra) que graficamos en el primer párrafo son imperfectas. En el precedente constitucional 05854-2005-AA/TC el Tribunal Constitucional  establece, entre otros principios de interpretación constitucional, el de “concordancia práctica de la Constitución”. Esto es, no puede haber un divorcio entre dos normas del mismo plexo constitucional. Si bien la prohibición es expresa, debe armonizarse con las dos normas de apertura de nuestra Carta Magna que resaltan la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. La prueba de lo señalado se encuentra en que los magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura pueden reingresar a la carrera judicial a pesar que el artículo 154.2° indica taxativamente lo contrario. Ni una letra oscura o ambigua al respecto. De la misma forma, las resoluciones finales del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser revisadas en sede judicial aunque el artículo 181° de la norma superior rece en sentido opuesto. Así, queda el camino allanado para ir más allá de lo textualmente señalado. Que es muy importante, pero no excluyente.

2. Si esto es así, ¿Puede haber normas inconstitucionales al interior de la Constitución? Efectivamente. Si la norma constitucional no es interpretada y aplicada de conformidad con los principios democráticos y derechos fundamentales que proclama, se produce lo que en doctrina se llama “normas constitucionales inconstitucionales”. Un ejemplo claro lo constituye el artículo 140° de la Constitución que al sancionar la pena de muerte, colisiona con el derecho fundamental a la vida. Por ese hecho, esta norma constitucional deriva en inaplicable. ¿Cuál es el parámetro para esta medida de validez? la Convención Americana de Derechos Humanos. Atrás quedaron los tiempos en que la excusa de soberanía nacional disimulaba vulneraciones internas de derechos esenciales.

El debate jurídico puede extenderse al infinito. Por ello, propongo pasar a preguntas más prácticas, entendibles y terrenales.

3. ¿Puede renunciar un congresista? Creemos que sí. La prohibición en contrario lo deja dentro de una camisa de fuerza sin mayor sentido. Lo priva de su libertad de decisión como persona, de la igualdad ante la ley, de su libertad de trabajo y su derecho a la participación en la vida política del país. Una dosis de sentido común bastará para inclinarse por esta postura. Si puede renunciar el Presidente de la República que es quien personifica a la Nación y representa -no a una región- sino a todos los peruanos, nos preguntamos ¿Por qué esta limitación para quien ejerce una representatividad cuantitativamente menor? Atención, una representatividad no mejor ni peor, sólo de diferente naturaleza y número de representados. En el primer caso, el caudillismo que es marca registrada de nuestra historia, nos anunciaría una etapa de desgobierno e incertidumbre en ausencia presidencial. Ni remotamente ocurre lo mismo con un congresista renunciante entre 130. Además, con reemplazo inmediato. No es hacer caso omiso a la Constitución. Buscamos encontrarle el sentido a tal precepto.

4. ¿Esto es posible en otros países cercanos? Totalmente. No precisamos cruzar ningún océano ni saltar muchos husos horarios para ello. Argentina, Bolivia, Brasil. Colombia y Chile lo permiten sin ninguna restricción. Cuestión de lógica y libertad de quien es elegido. Todas las legislaciones permiten accesitarios y situaciones de imposibilidad de seguir en el cargo por razones de salud u o insuperables. Como se ve, es cuestión de opciones. No de dogmatismos.

5. ¿Es antidemocrática la renuncia de un congresista? Creemos que no. Se habla de incompatibilidad de manera altisonante. Discrepamos. Incompatibilidad es la que tenemos en las elecciones generales. El postulante a Vicepresidente del Poder Ejecutivo puede serlo, al mismo tiempo, al Congreso. Se permite postular a dos poderes que se deben controlar entre sí. Ahí sí se diría: “Vas a lo seguro. Si no es uno es otro”. Eso sí tiene un aroma antidemocrático. El caso de Marco Falconí  no es similar. Él ya fue electo y ahora aspira a una representación diferente. Sólo aspira. A lo mejor el 5 de octubre a las 4 de la tarde es un ciudadano más de Arequipa. “No va a nada seguro. Arriesga todo” habría que decir. La democracia, ni ninguno de sus presupuestos, se ven afectados.

A estas alturas –y para ir terminando- propongo acercarnos al tema de la conveniencia de la decisión. Lo que algunos denominan “costo-beneficio”.

6. ¿A quién afectaría la renuncia del congresista? ¿Es una falta de respeto para quienes lo eligieron? Pregunta compleja. Pero de lo que sí estoy seguro es de una cosa: no afecta al electorado que lo eligió. Es más, a tres años de haberlo ungido como parlamentario, las próximas elecciones regionales pueden ser el  escenario ideal para una evaluación de su gestión. Ante la ausencia de la renovación parlamentaria a mitad de mandato, es la ocasión para levantarle o bajarle el dedo pulgar de la aceptación popular. Y, de forma colateral, aprobarán o desaprobarán su decisión de renunciar. No creemos que exista una falta de respeto. Falconí aspira a seguir siendo su representante. En todo caso, el más afectado por la renuncia sería el mismo congresista. Veamos: deja prerrogativas, posición y otros, para bajar al llano e ingresar, nuevamente, en la incertidumbre de las lides electorales peruanas.

7. ¿Es posible advertir una intención insana en la decisión? Desde nuestra óptica, no. Mucho se ha dicho que sentaría un precedente para una eventual postulación de la primera dama a la Presidencia de la República. Son temas marcadamente diferentes. El congresista renunciante ostenta un cargo al que opta por dejar. En la comparación se pretendería un cargo que no se tiene. Lo tiene el cónyuge. Falconí no pertenece al partido que preside la región Arequipa actualmente, con el riesgo de que el oficialismo le dé una posición de ventaja sobre sus adversarios. Él se suma a la lid de octubre como uno más. Aunque suene retórico, la única intención visible del renunciante es la que esgrime “servir mejor a la comunidad que lo eligió desde la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa”. Y no encontramos contrapesos a ello. Es obvio que se pueden hacer más cosas con capacidad ejecutiva antes que legisladora, residiendo en la misma región y respirando su aire, antes que a mil kilómetros de distancia y respirando la humedad limeña.

Descontamos que habrán reflexiones en sentido opuesto a lo aquí expresado. Lo aplaudimos. Ése es el propósito pretendido por estas líneas. Sólo las dos primeras apreciaciones son de nuestra especialidad, el Derecho constitucional contemporáneo. Empero, la academia no puede ser excluyente del sentido común y lo fáctico. Al contrario, se nutre de ellas a través de la argumentación. No es nuestro objetivo convencer a nadie. Sólo nos pareció adecuado compartir estas reflexiones para sumar al debate sano e intenso sobre una situación no común. Sobre todo, en épocas en que el viento político sopla en sentido contrario a la decisión de Marco Falconí: reelecciones locales y regionales interminables, temores de reelección presidencial por medio de pareja conyugal, cálculos políticos futuros con cambios de bancada y otros síntomas ya instalados en época electoral. Todos se aferran al poder encargado y quisieran que el tiempo se detenga. A lo mejor, todo lo que se ha dicho a favor y en contra de la decisión de renunciar al Congreso tenga que ver con una situación inusual que se presenta en el caso analizado: dejar el poder. Estamos convencidos que en tiempos de ponderación y razonabilidad, este tipo de decisiones deben ser analizadas con argumentos abiertos y claros. Y luego del debate, podrá verse todo más claro. Siempre. Entre todas las que se esgriman, predominarán las buenas razones. Las mejores que aparezcan de un diálogo e intercambio desapasionado y sensato.