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LA DESNATURALIZACIÓN DEL AMPARO

03 de Julio de 2018

El proceso de amparo es el más importante aporte del Derecho latinoamericano al mundo. Con partida de nacimiento mexicana se ha exportado virtuosamente a todo el orbe constitucional. El Perú es uno de los países en donde este proceso, también llamado de protección o tutela, ha encontrado el terreno más fértil. Así, además del amparo ordinario en que se protege al ciudadano contra actos de la administración pública (Poder Ejecutivo) y particulares, se ha regulado el amparo extraordinario en que se cuestiona normas legales (Poder Legislativo) y resoluciones judiciales (Poder Judicial) en que vulneren derechos fundamentales. Esta excepcionalidad no es común en otros países. Luego de haber vivido momentos de ayuno constitucional, es justificable el que nos aseguremos que esos tristes momentos no se repitan. Y el papel del Tribunal Constitucional peruano ha sido fundamental en este empeño.

Empero, en medio de la búsqueda de una férrea garantía constitucional contra las arbitrariedades del poder en el país, surge una desviación peligrosa: la desnaturalización del proceso de amparo. Nos explicamos. En el sano propósito de que nunca falte la ración de protección constitucional de los derechos fundamentales, nos empachamos y estropeamos la salud del amparo. Veamos. Hace tres lustros en la sentencia 00853-2013-AA/TC el supremo intérprete de la Constitución no solo declaró fundada la demanda de Eyler Torres Del Águila contra Osiptel y Movistar, sino que ordenó que ambas pagaran a la recurrente, en forma solidaria y como indemnización, el monto equivalente a 3 UIT. Era la primera vez que el máximo órgano de la jurisdicción nacional se arrogaba facultades de la justicia ordinaria. Hace dos meses y medio en el expediente 00889-2017-PA/TC el Tribunal Constitucional no solo declaró fundada la demanda de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco porque, entre otros derechos, se la había vulnerado el del uso del propio idioma ante cualquier autoridad, sino que dispuso que el Ministerio de Educación, en coordinación con otras instituciones, elabore y publique el mapa etnolingüístico en los próximos seis meses y que las entidades públicas y privadas que prestan servicios en la provincia de Carhuaz, oficialicen la lengua quechua en el plazo máximo de dos años. Una vez más, nuestro máximo órgano jurisdiccional constitucional dicta políticas públicas.

De esta forma, como lo señala el magistrado Sardón en su voto singular, se está utilizando el amparo, que es un proceso constitucional en el que se busca reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho, para resolver problemas estructurales del país. Un activismo que está desfigurando la naturaleza y finalidad del más recurrido de los procesos constitucionales.


Publicado en el diario Expreso, el martes 3/7/18.

Fuente: https://www.expreso.com.pe/opinion/guido-aguila-grados/la-desnaturalizacion-del-amparo/